La médica Elizabeth Ferrer fue la coordinadora de la investigación “Descripción y análisis del perfil epidemiológico de los niños menores de 6 años con malnutrición por déficit, de comunidades de pueblos originarios del área operativa VIII, Santa Victoria Este”, un trabajo realizado por profesionales de la Universidad Nacional de Salta cuyos resultados se elevaron el año pasado al Ministerio de Salud Pública y al Ministerio de Asuntos Indígenas para dar a conocer las alarmantes cifras sobre desnutrición en Santa Victoria Este, donde en un año murieron 13 niños y niñas, y 150 tenían déficit nutricional. Hoy, tras las nuevas muertes y tras declararse la emergencia sociosanitaria en el norte provincial, analizó el panorama y cuestionó la falta de decisión política para dar una respuesta satisfactoria a las comunidades.
“Hace muchos años que nosotros trabajamos desde la Universidad con proyectos de extensión, siempre en comunidades de pueblos originarios”, señaló la profesional quien, además, destacó: “Hemos alertado sobre el caso de Ballivián, la comunidad de Dragones, sobre la ruta 81 las comunidades que quedaron a la vera del camino. Y en el año 2.018, en mayo, hasta el 30 de junio del año pasado, estuvimos trabajando en Santa Victoria Este. Allí hicimos un relevamiento del estado nutricional de los niños menores de 5 años pertenecientes a comunidades de pueblos originarios de allí”.
Al respecto recordó que durante la anterior gestión provincial enviaron copias de la investigación completa al entonces ministro de Salud, Roque Mascarello y a la ex ministra de Asuntos Indígenas, Edith Cruz, aunque señaló: “Tenemos comprobante de recibido. A Roque Mascarello le hemos pedido que, a través de él, se informe esto al Jefe de programa de APS y a la Jefa de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica, a la Secretaría de Nutrición de la Provincia con la doctora Gladys Perna, pero no hemos sido convocados en ninguno de los ministerios”.
Siguiendo con su análisis, detalló: “La desnutrición, el hambre, esa inseguridad alimentaria que se vive en estas regiones por la escasez de agua y de alimento pone a los chicos en esta situación de riesgo porque el déficit nutricional impacta en el sistema inmunológico de defensa de todas las personas, pero obviamente los niños son los más vulnerables. Cuando aumenta la temperatura en el verano los microorganismos se multiplican más rápidamente en el agua contaminada y en los alimentos no bien conservados, entonces provocan diarrea, principalmente diarrea estival, que en un niño desnutrido hace que se torne grave y que pueda llevarlo a la muerte. Durante el invierno lo mismo ocurre con las enfermedades respiratorias. Cualquier niño en un buen estado nutricional las afronta y no pasan a veces de un catarro, pero estos niños hacen neumonía y pueden fallecer por estas causas”.
“Además, son zonas en donde las parasitosis están presentes, son variadas y estos niños al estar en contacto con agua contaminada y con el suelo, adquieren estos parásitos que también ayudan a hacer el ciclo de la malnutrición y de las enfermedades infecciosas”, agregó Ferrer.
Asimismo, remarcó que la atención que los niños reciben en los centros de recuperación nutricional no es más que un paliativo dado que “lo que hace es estabilizarlos con su metabolismo y recuperarlos nutricionalmente porque ahí comen lo que deben comer, cosa que no sucede en sus comunidades, pero si vuelve y no come va a desmejorar nuevamente”.
En este sentido, la profesional sostuvo que “la solución tiene que pasar por las raíces del problema”, y enfatizó: “Mientras nosotros no respetemos los derechos de todas las personas, en primer lugar en los pueblos originarios garantizar el derecho a la posesión comunitaria de la tierra, la devolución de sus territorios ancestrales, que eso lo tenemos reconocido por la Constitución. Argentina ha adherido a tratados internacionales, etcétera, pero en la práctica ningún gobernador puso la firma para devolver los territorios que les pertenecen por ser pueblos preexistentes. Tampoco cesa el desmonte en las áreas que incluyen estos territorios. Hay una degradación del suelo por la tala del monte y la siembra del monocultivo sojero hace que el agua se derive principalmente para el riego de los cultivos, como pasa con el río Pilcomayo. Entonces, el agua que llega para las comunidades es menos, y también la cantidad de peces con los que puedan alimentarse. El monte es lo que les da de comer y ya de monte queda muy poco”.
En cuanto al acceso a los beneficios sociales, aseveró que “a veces se ve coartado porque el derecho a la identidad también es vulnerado y hay muchas mamás y muchos de estos niños que están indocumentados”. “Nosotros en el 2018 hemos dado el alerta para el Registro Civil, que fue a Victoria, pero todavía faltan comunidades en donde hay muchas personas indocumentadas”, añadió.
Además, hizo hincapié en el derecho al agua apta para el consumo. “Estas comunidades, algunas ni siquiera tienen acceso al agua, no al agua potable, a algún tipo de agua con que puedan saciar la sed. Entonces, se necesita colocar pozos de agua dulce apta para el consumo, que no contenga arsénico, porque sabemos que el departamento Rivadavia tiene aguas profundas arsenicales y hay que cuidar eso también, pero se necesita que las comunidades tengan acceso al agua segura”, observó la profesional en tanto denunció que “tampoco se han hecho inversiones reales en la perforación de pozos”.
“Son muy pocos los pozos. En Ballivián, con el fondo de reparación histórica, solamente se compraron un tanque para cada comunidad, y cada comunidad tiene que ver cómo se las arregla para darle agua a las familias, que la sacan con mangueras y tachos. Todas estas familias tienen necesidades básicas insatisfechas”, aseveró la profesional y señaló también que “está el problema de cómo se acarrea, dónde se almacena y cómo se potabiliza a nivel domiciliario”.
Resaltó en el mismo orden que “la higiene personal es algo que a veces se les recrimina pero, obviamente, estas personas no tienen posibilidades de una buena higiene porque falta el agua”. “No es una cuestión cultural como sale a decir a veces el gobierno o la iglesia, es una falta de acceso a los servicios básicos”, manifestó.
Por otro lado, la profesional lamentó que “el sistema de salud se vino deteriorando después de Tanoni para acá”, en referencia al médico Enrique Tanoni, que entre 1978 y 1982 se desempeñó en Atención Primaria de la Salud en la localidad de Morillo. “Realmente faltan recursos humanos y lo que a veces uno ve es que el recurso humano que se va a las zonas del interior tendría que tener una preparación previa. Pienso que debería ser un médico de familia y comunitario, alguien que está preparado para trabajar con las familias y las comunidades, y tener sensibilidad social”, opinó la mujer.
Así también, cuestionó la falta de insumos al relatar: “Cuando trabajábamos en Santa Victoria había agentes sanitarios que no tenían la balanza para pesar a los chicos en la visita domiciliaria, y se turnaban para trabajar por la mañana y por la tarde para poder prestarse estas herramientas que son básicas”.
La presidente del INAI se reunirá con autoridades de comunidades originarias de la Ruta Nacional 81
José Hugo cacique de la comunidad wichí El Carpintero de la localidad de Dragones, a la vera de la Ruta Nacional 81, manifestó que mantendrán una reunión con la titular del INAI Magdalena Odarda en la localidad de Embarcación. Odarda se encuentra en la zona desde el día martes y ayer la funcionaria estuvo en el municipio de Santa Victoria Este.
Hugo destacó que están preocupados por la situación de las comunidades de la 81 ya que carecen de agua, alimentos, trabajo y salud. La comunidad que cuenta con más de 40 familias bebe el agua de una cañada ya que no cuentan con otra opción.
“Estamos ajenos a todos los derechos que dice la Constitución y la seguimos peleamos como bicho panza arriba”, denunció el referente wichí.
Tolosa Paz y Ares presentarán a Trotta un proyecto para tener un programa de alfabetización
Pamela Ares, coordinadora regional para el NOA del Plan Argentina Contra el Hambre, visitó nuevamente el norte provincial para evaluar la situación y, en esta oportunidad, fue sorprendida por el nivel de deserción escolar.
La titular de Consejo Federal de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, estuvo en Salta recorriendo distintas localidades para evaluar la situación de la provincia ante la emergencia socio sanitaria. “Es muy difícil para nosotros, cuando estamos en Buenos Aires, querer llevar adelante las cuestiones que pasan en Salta cuando nadie puede tomar la dimensión de lo que pasa acá. Solamente se hace conociendo el territorio”, sostuvo.
Ares expresó que se encontró con lo que “sabía que se iba a encontrar”, pero la sorprendió el nivel de deserción escolar, de analfabetismo y de desidia del Estado para con los niños de las comunidad y parajes. “Esas familias enteras que nunca van a recibir una educación”, lamentó.
Ante eso, junto a Tolosa Paz decidieron llevar un proyecto al ministro de Educación de Nación, Nicolás Trotta, tras observar en una de las comunidades que los mismos pobladores están levantando un aula para poder brindar educación. “Queremos que nación se encargue de ponerle los baños, que la acondicione y que haya un programa de alfabetización”, informó la funcionaria.
Emergencia Sociosanitaria: El diputado Chibán solicitó al Gobernador que convoque a sesión extraordinaria
El diputado provincial por la Unión Cívica Radical, Héctor Chibán solicitó formalmente al gobernador Gustavo Sáenz que convoque a sesiones extraordinarias para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia Sociosanitaria que emitió a fines de enero tras la muerte de 6 niños y una mujer pertenecientes a comunidades aborígenes en el norte de la provincia.
“Recurro a la figura del primer mandatario como lo dicta nuestra Constitución Provincial en su artículo 112, el cual establece que, para nosotros poder cumplir con nuestro deber de asistir a las sesiones extraordinarias debemos ser convocados por la autoridad máxima de la provincia, quien, en este caso, tiene el deber constitucional y moral de convocarnos al debate”, explicó el legislador.
Chibán aseguró además: “No solo procedo acorde lo establece nuestra Constitución, sino que además existe de manera palpable e inequívoca interés público para atender esta triste situación, en la que nuestros hermanos del norte nos están pidiendo a gritos que nos hagamos eco de sus carencias y necesidades y busquemos, desde el lugar en el que nos toca hoy estar, soluciones definitivas a sus problemáticas”.
Emergencia sociosanitaria: avances en las acciones implementadas en el norte de la provincia
Organismos que intervienen en la contingencia fortalecen el trabajo para lograr acciones sustentables en las comunidades del norte.
La ministra de Salud, Josefina Medrano junto a la ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa evaluaron los avances de las acciones que se llevan a cabo en el norte de la provincia en el marco de la emergencia sociosanitaria, en la mesa de participación intersectorial, con la finalidad de que las mejoras sean sustentables.
Desde la cartera de Salud, se señaló que se intensificaron las acciones de atención de la población en el territorio afectado: Alto La Sierra, Tartagal, Morillo, Embarcación y Santa Victoria Este.
En el marco de la contingencia, se reforzaron las tareas de búsqueda e identificación de personas en riesgo de salud y de su estado nutricional. Niños, embarazadas, adultos y discapacitados de bajo peso y de muy bajo peso son relevados mediante la visita domiciliaria programada que realiza un nutricionista y un médico. Evalúan el estado nutricional y la asistencia alimentaria según normativa vigente y la necesidad de derivación a un hospital siguiendo la red de complejidad.
En esa visita se solicita el carné de vacunación de cada integrante de la familia y en caso de faltantes se coloca la dosis correspondiente para completar el calendario vigente.
En los hospitales se reforzó la planta profesional con la presencia de médicos residentes pertenecientes a los hospitales de la ciudad para incrementar las atenciones y brindar el apoyo a los equipos de salud de los establecimientos de esas áreas operativas.
Desde la Supervisión de Salud Sexual y Reproductiva se elaboró un plan de promoción de salud que tiene como finalidad facilitar el acceso a información sobre anticoncepción y para las personas que lo soliciten, la colocación de métodos de larga duración.
Provisión de agua segura
En sus visitas, agentes sanitarios distribuyen unas 90 mil pastillas potabilizadoras de agua e instruyen a la población sobre la modalidad de su uso. Cada pastilla permite la cloración de 5 litros de agua.
Entrega de módulos
El ministerio de Desarrollo Social a su vez informó que siguen activas las rondas de los agentes territoriales del programa de Focalizados que entregan módulos alimentarios al mismo tiempo que realizan un abordaje social en cada comunidad a la que van.
Estas rondas se verán reforzadas en la próxima semana cuando se inicie la entrega de los nuevos módulos para los que Nación envió fondos en el marco de la emergencia. Serán 40.000 módulos a entregarse de manera mensual a las poblaciones más vulnerables.
Se entregará un módulo a familias con un hijo de hasta 6 años de edad, así como a embarazadas a partir de los 3 meses y personas con discapacidad. A familias con más de un hijo se les entregarán dos módulos.
Estas acciones se reforzarán con nuevos operativos en territorio y con el apoyo que brindarán los Acompañantes Educativos (AE). Son 133 agentes que dependen de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia quienes tienen la misión de brindar acompañamiento domiciliario y espacios de educación temprana, destinados a niños, niñas y madres de las comunidades originarias.
Los Acompañantes educativos también se sumarán a recorridas de trabajo de los distintos organismos que están en territorio, en este caso, el Ejército para la distribución de agua segura y los Focalizados, con la entrega de módulos. Además, articularán su trabajo con la Policía Comunitaria y con el ministerio de Salud.
Trabajo coordinado
En la reunión en la que también participaron autoridades del cuerpo policial de la provincia y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se pusieron en común estas acciones con el fin de realizar un trabajo coordinado y programar otras en este mismo sentido, en las que también se sumen organismos y fundaciones intervinientes.
Participaron, Josefina Medrano, ministra de Salud Pública; Verónica Figueroa, ministra de Desarrollo Social; Antonio de los Ríos, secretario de Servicios de Salud; Judith Barchetta, directora de Emergencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la comisaria Irene Tolaba, de la Policía Comunitaria.
También estuvieron presentes, Gabriela Dorigato, subsecretaria de Medicina Social; Susana Velazco, directora de Maternidad e Infancia y Cristián Franco, director de Atención Primaria de la Salud.
Una investigación alertó al gobierno sobre la desnutrición infantil
Profesionales de la UNSa desarrollaron su trabajo de campo en Santa Victoria Este, habían advertido al Ministerio de Salud y de Asuntos Indígenas sobre el alto riesgo de mortalidad.
Un trabajo de investigación de profesionales de la UNSa realizado en Santa Victoria Este señaló el año pasado el alto riesgo de mortalidad por desnutrición infantil en las comunidades originarias. En el período de un año, murieron 13 niños y niñas, y 150 tenían déficit nutricional. Las conclusiones se hicieron llegar al Ministerio de Salud Pública y al de Asuntos Indígenas pero no tomaron medidas para actuar.
Los resultados de la labor investigativa corresponden a la beca “Salud Investiga Doctor Abraam Sonis 2018-2019 en Estudios Multicéntricos”. Éstos son revisados por pares científicos y recién publicados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación pero ante la gravedad de la situación que se presenta en las comunidades de Santa Victoria Este, el organismo autorizó la difusión en medios de comunicación.
El trabajo se titula: “Descripción y análisis del perfil epidemiológico de los niños menores de 6 años con malnutrición por déficit, de comunidades de pueblos originarios del área operativa VIII, Santa Victoria Este”. Fue desarrollado por la médica Elizabeth Ferrer quien fue la coordinadora de la investigación. También integraron el equipo las licenciadas en nutrición María Haydee Herrera y Virginia Gutiérrez.
En Santa Victoria Este habitan pueblos indígenas que son wichis en su mayoría, pero también chorotes, qoms, chulupíes, quechuas y tobas. La localidad se encuentra a unos 263 kilómetros al este de la ciudad de Tartagal. La distancia de la capital provincial, que es la Ciudad de Salta, es de más de 500 kilómetros. La zona está a la vera del Río Pilcomayo, y muy cerca del Hito Esmeralda, punto tripartito entre Argentina, Paraguay y Bolivia.
La investigación en terreno fue desde mayo del 2018 al 30 de junio del 2019. Para los indicadores de mortalidad se tomó el período del 12 de marzo del 2018 al 12 de marzo del 2019. La población etárea en la que se hizo el abordaje fue desde el nacimiento hasta la edad de 5 años 11 meses y 29 días. La investigación reveló que 150 niños y niñas sobre un total de 730, tenían déficit nutricional. “1 de cada 5 niños tiene un problema de mal nutrición”, afirmó Ferri.
En ese lapso de investigación hubo 407 nacimientos y murieron 13 niños menores de 5 años que eran originarios. Los fallecidos pertenecían a las comunidades Rancho Ñato, Nueva Esperanza, Urkupiña, Pozo El Toro, Vertientes, Kilómetro 2, La Bolsa, Magdalena, El Cruce. “No todos han fallecido por desnutrición pero sí por patologías que están asociadas a ésta. La mayoría tenía déficit nutricional y murieron por patologías infecciosas, inmunoprevenibles como la meningitis y algunos niños menores de 1 año han fallecido por prematurez y bajo peso de nacimiento”, explicó Ferrer.
La tasa de mortalidad infantil de 2018 a nivel nacional es de 10,1 por 1000 y de mortalidad en menores de 5 años por mil nacidos vivos es de 9,7. La tasa de mortalidad infantil del gobierno de Salta de 2018 es de 13,15 por mil y la de mortalidad en menores de 5 años, de 9, 6 por mil. Éstas corresponden a la población infantil menor de 5 años en general.
El trabajo de campo se hizo en el área operativa VIII de Santa Victoria Este y en las comunidades de: Vertientes de la Costa A y B; Pozo de la China; Pin Pin; San Miguel; Roberto Romero; Eben Ezer; Nueva Esperanza; La Merced; Curvita; Pozo La Yegua; Pozo El Toro; Misión Anglicana; Santa María; La Gracia; Rancho Ñato; Pozo El Tigre; Urkupiña; Kilómetro 2; La Bolsa; Magdalena y El Cruce.
Las estadísticas relevadas por agentes sanitarios en el área operativa VIII de Santa Victoria Este indican una tasa de mortalidad infantil de 31,4 por mil y de menores de 5 años es de 17,19 por mil. Los niños y las niñas que fallecieron son de pueblos originarios.
“Las tasas de mortalidad infantil y en menores de 5 años superan en más de 8 puntos las tasas de mortalidad de Nación como de Provincia”, explicó Ferrer.
Para la médica “las brechas se siguen sosteniendo, son históricas las diferencias de mortalidad (entre infancias criollas y originarias)”. Explicó que la tasa de mortalidad infantil de la Provincia de Salta toma “el total de niños fallecidos menores de 1 año en relación al total de los nacidos vivos para esa mismo tiempo y lugar. Las tasas globales provinciales son menores debido a que el número de nacidos vivos en toda la provincia hace que como denominador disminuya la tasa de mortalidad. Esto oculta las diferencias en lugares en los cuales las condiciones de vida son desfavorables para la población infantil como lo es Santa Victoria Este donde las tasas son mayores y sin embargo se diluyen en el total provincial”.
“A pesar de que no estábamos autorizados nos vimos en la necesidad de entregar la investigación al ministro de Salud Pública, Roque Mascarello, el año pasado”, explicó Ferrer.
Dijo que dejó la copia del trabajo en su despacho y pidió que por su intermedio se entregue al director del programa de Atención Primaria de la Salud, Orlando Islas, a la directora de Vigilancia Epidemiológica, Griselda Rangeon, a la directora del hospital de Santa Victoria Este, Marcela Quispe y a la secretaria de Nutrición, Gladys Pernas a quien además informaban sobre lo que iban relevando en el desarrollo del trabajo.
Ferrer explicó que el ministro había avalado la investigación al igual que el director de APS, y la médica Quispe. También le envió copia a la ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, Edith Cruz. La médica no recibió ninguna respuesta y tampoco las comunidades.
La médica indicó que en los controles a las madres de los chicos y las chicas, también se advirtió que tienen una historia de desnutrición crónica. En estos casos pudieron notar la falta de controles prenatales y falta de partos institucionales ya que son domiciliarios sin atención por profesionales.
Insuficiencias del sistema sanitario
“Los únicos que llegan a las casas de las familias son los agentes sanitarios, pero hay sectores a los que no, porque están vacantes”, planteó Ferrer. Además advirtió que hay otros sectores donde están nombrados los agentes sanitarios, pero no realizan las visitas como corresponde. Como son sostenidos políticamente por el senador Mashur Lapad, no reciben la sanción correspondiente por el incumplimiento, denunció Ferrer. “El hospital a veces se siente con las manos atadas en no poder hacerles un sumario administrativo”, aseguró.
El hospital de Santa Victoria Este tiene un nivel 2, de complejidad bajo, “si tiene patologías complejas no le queda más remedio que derivar a los pacientes a Salta o al hospital de Tartagal que es su primer centro de derivación”, detalló.
Ferrer dijo que hay escaso recurso humano de profesionales médicos o médicas y de enfermería en el hospital de Santa Victoria Este. Además precisó: “hay escasos insumos, para internación o atención ambulatoria en relación a medicamentos”. Mencionó que les pedían que colaboren con mercadería porque no tenían para la comida de los internados y sus acompañantes. “Cuando internan a personas enfermas que pertenecen a pueblos originarios, vienen con las familias. El hospital no solo tiene que pensar en la comida del paciente sino también en que acampa la familia alrededor”, sostuvo la médica.
La investigación se encontró con que hay puestos sanitarios que tienen solo un enfermero o enfermera y en los Centros de Salud “no hay una planificación concreta de visitas ni un cumplimiento de aviso previo de profesionales médicos”. El único lugar en el que había una médica que cumplía con las visitas era en el Centro de Salud de la Puntana.
Fuente: FM Noticias 881
