Así como se lee en el
título y se puede leer en el flyer, el Superior Tribunal de Justicia invita
a empleados, funcionarios y magistrados judiciales a un taller sobre la importantísima
Ley Micaela, en el marco del día internacional de la mujer.
Lo llamativo es que
uno de los replicadores, es nada más ni nada menos que Rubens Aguirre, quien en
el año 2021 fuera defensor oficial en lo civil, a cargo de la defensoría número
cuatro en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña.
Dicho funcionario,
adoptó a dos hermanitos, por entonces una nena de 8 años y un varón de 11,
oriundos de la ciudad de Resistencia, teniéndolos en periodo de vinculación en junio y devolviéndolos en
la Unidad de Protección Infantil en el mes de septiembre. Durante ese tiempo, el abogado exponía en redes sociales los momentos que pasaba con los niños. Dichos hermanitos, ya
habían sido devueltos en una ocasión y al conocerse la noticia de esto, entre varios comentarios repudiando este acto, se podía leer uno que decía "fueron abandonados de nuevo".
Luego de que dicha situación tomara estado público y bajo la
indignación de la sociedad, se puso en tela de juicio el proceso previo a la
adopción del caso, la inmediatez y la forma. Meses después, las encargadas de
el ente responsable del proceso, el equipo interdisciplinario del juzgado del
menor y la familia, presentaron certificados médicos y no regresaron a sus
tareas anteriores, pero se las puede ver deambulando por la ciudad y/o viajando
según sus redes sociales.
En el año 2022, la
sala 1 de la Cámara en lo contencioso y Administrativo, falló en contra de
Aguirre y rechazó in limine una acción
de amparo y medida cautelar impuesta por el mismo.
Con respecto a
Aguirre, quien accedió a la defensoria
oficial sin ningún concurso previo, se dejó sin efecto la designación. Pero
actualmente sigue siendo funcionario
judicial, desempeñándose en el cargo de secretario de la Mesa de Atención a la Víctima, ubicada en el edificio
del juzgado del menor y la familia de nuestra ciudad.
Pasando en limpio, luego de lo que les sucedió a los niños,
todos los funcionarios involucrados siguen siendo cumpliendo con su labor sin dejar de
percibir su sueldo como tal, y aunque todo esto pareciera ser normal el CEJ
(Centro de Estudios Judiciales) perteneciente al Superior Tribunal de Justicia,
invita, a que dicho funcionario replique sobre una ley sobre violencia de
género.
